Para nadie es secreto la importancia del turismo para la economía española, después de todo España es, después de Francia, el país que más turistas recibe a nivel mundial, según los datos de la Organización Mundial de Turismo. En 2019 representó el 13% del PIB del país. Ello implica que el impacto producto del COVID los haya afectado más que a otras economías, pero cuando empieza a normalizarse el turismo en otras partes del mundo, un nuevo elemento comienza a tener relevancia para la realidad turística española: la inmigración ilegal.
Tan pronto fuero levantadas las medidas restrictivas para viajar, miles de inmigrantes ilegales comenzaron a llegar en las llamadas ‘pateras’ (botes inflables con motor fuera de borda) a las Islas Canarias y costas del sur de España. Se hicieron virales las imágenes de los inmigrantes ilegales desembarcando en las costas españolas en medio de los temporadistas que se asoleaban en las playas. De igual manera fue tema noticioso como gran cantidad de dichos inmigrantes ilegales fueron alojados en hoteles de las Islas Canarias al haber desbordado la capacidad de alojamiento en los centros de refugiados.
Esta situación empieza a causar alarma en el sector, pues se empieza a ver a España y en mayor medida a las Islas Canarias como un destino poco seguro para los turistas.
Pareciera ser política del gobierno español el incentivar la inmigración ilegal, otorgándole beneficios y prebendas que no otorgan otros países europeos. La mejor prueba de ellos la tenemos en Gibraltar, territorio británico en suelo español donde no llega ni una sola de estas embarcaciones con inmigrantes ilegales. ¿La razón? Muy sencilla, el gobierno inglés no promueve la inmigración ilegal. Cualquier inmigrante ilegal es detenido, apresado y deportado a su país de origen.
En vista de lo anterior, no es de extrañar que el llamado ‘partido de la ultra derecha’ haya tomado este tema como bandera para su ya conocido discurso contra la inmigración ilegal. Si bien es cierto que promueven la inmigración legal y regulada, sobre todo de países latinoamericanos, y con políticas migratorias claras para personas profesionalmente calificadas, como las que existen en USA con su famosa lotería del ‘Green Card’ o Canadá con sus 200 mil visas para inmigrantes anuales, o países como Australia y Nueva Zelanda, están muy en contra de la inmigración ilegal que ‘roba’ recursos de los contribuyentes y pensionados para dárselos a personas que no siempre están en estado de vulnerabilidad y que casi con seguridad no se integrarán social y culturalmente a España.
El debate está abierto, pero habrá que esperar hasta tener las estadísticas del próximo verano para constatar si las aseveraciones de los partidos de derecha son ciertas o solo buscaban ‘pescar en rio revuelto’.
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